Financiamiento sostenible para la salud de los migrantes: aprendamos de Colombia
Este blog se publicó originalmente en inglés el 26 de mayo de 2022.
De Jonathan Cali y Ximena McCollum
La región de América Latina y el Caribe ha experimentado flujos de migración sin precedentes durante la década pasada, lo que forzó a los gobiernos a reconsiderar sus políticas de servicios públicos. Colombia es el receptor más grande de migrantes en la región: entre 2014 y 2021, la cifra de migrantes venezolanos que viven en el país aumentó de aproximadamente 23.600 a 1,8 millones.[1] [2] Sin embargo, lo que la mayoría de los países consideran un desafío intimidante, Colombia lo considera una oportunidad. El país ha emergido como líder en la elaboración de políticas que integran a los migrantes a la economía y la sociedad, garantizan su derecho universal a la salud y movilizan recursos nacionales para cumplir con la creciente demanda de servicios de salud.
La estrategia de Colombia para financiar de forma sostenible los servicios médicos para migrantes se puede resumir así: 1) inscriben a los migrantes con documentación legal o migrantes «regulares» al Sistema General de Seguridad Social del país; 2) regularizan a los migrantes indocumentados o «irregulares» y los inscriben al sistema de seguridad; y 3) financian la atención básica de los migrantes que aún no reúnen los requisitos para un seguro médico mejorando la eficiencia de los gastos de salud y la coordinación de la ayuda internacional.
En un mundo ideal, los servicios médicos para las poblaciones de migrantes se deberían financiar y suministrar a través de los mismos mecanismos que se utilizan para los ciudadanos por nacimiento. En la práctica, muchos migrantes, en especial los que no cuentan con estatus legal, quedan excluidos de los sistemas de salud nacionales. La estrategia de Colombia para financiar la salud de los migrantes se acerca al ideal, ya que se regulariza la situación de la mayoría de los migrantes, lo que les permite integrarse al Sistema General de Seguridad Social en Salud, mientras que se siguen garantizando servicios básicos y de emergencia a los migrantes sin seguridad. Como es potencialmente más rentable y sostenible, la estrategia de Colombia para expandir el acceso de los migrantes a los servicios médicos podría servir de modelo a otros países que enfrentan altos flujos de migración.
La regularización da sus frutos
Extender los servicios sociales y de salud del país a millones de migrantes puede ser costoso al comienzo, pero la regularización de migrantes tiene el potencial de aumentar los ingresos y de reducir los costos de los servicios de salud a largo plazo. La respuesta de Colombia frente a los migrantes se basa en un cambio de políticas para conceder Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a los 1,5 millones de migrantes venezolanos irregulares. El TPS les concede a los migrantes venezolanos que entraron a Colombia sin documentación legal antes del 31 de enero de 2021 los documentos necesarios para vivir, trabajar y acceder a los servicios sociales de Colombia por diez años mientras solicitan los permisos de residencia. Los nuevos migrantes que entren a Colombia a través de los puestos de control fronterizo formales hasta mayo de 2023 también serán elegibles para la protección.[3]
Los migrantes con TPS tienen los mismos derechos que los colombianos a inscribirse al Sistema General de Seguridad Social en Salud del país, que les concede acceso a un paquete integral de servicios de salud. Financiar los servicios de salud para los migrantes regularizados será costoso a corto plazo. El LHSS estimó que inscribir a los migrantes venezolanos elegibles le costaría a Colombia alrededor de 1.200 millones de pesos colombianos (300 millones de USD) o el 0,12 % del PIB de 2019 anualmente.[4]
No obstante, la regularización tiene el potencial de movilizar recursos para financiar los servicios de salud a largo plazo a través de varios mecanismos. En primer lugar, muchos migrantes regulares ingresarán a la fuerza laboral formal, donde tanto los empleados como sus empleadores tienen la obligación de hacer contribuciones directamente al fondo nacional de seguros de salud de Colombia. En segundo lugar, el Banco Mundial estima que la integración económica de la población migrante puede agregar más de un punto porcentual al aumento del PIB anual de Colombia durante la próxima década.[5] El aumento resultante de los ingresos fiscales generales puede ayudar a compensar el costo que supone para el gobierno colombiano inscribir a los migrantes en el esquema de seguridad «subsidiada» para familias y personas de bajos ingresos. Finalmente, regularizar y registrar a los migrantes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud expandirá su acceso a los servicios de atención médica primaria, que son menos costosos que los servicios de emergencia que necesitan los migrantes sin seguridad y tienen el potencial de reducir la necesidad de atención médica costosa para tratar enfermedades crónicas.
Financiamiento de servicios para migrantes irregulares y pendulares
El TPS proporciona un medio para integrar a millones de venezolanos al sistema de salud colombiano, pero las barreras políticas, legales y prácticas impedirán que algunos migrantes puedan regularizar su situación e inscribirse al seguro de salud. Los migrantes venezolanos que hayan cruzado la frontera colombiana a través de pasos fronterizos informales después del 31 de enero de 2021 no son elegibles para TPS. Mientras tanto, otros 1,9 millones de migrantes «pendulares» residen en Venezuela, pero cruzan frecuentemente a Colombia para acceder a los servicios médicos y luego regresan a su país.[6] ¿Cómo va a financiar Colombia los servicios de salud para estas poblaciones?
Primero, Colombia mejorará la eficiencia. La presión financiera de las crisis tanto de migrantes como de COVID-19 insta al Ministerio de Salud de Colombia y a las secretarías departamentales de salud a identificar medios para mejorar la eficiencia de los gastos de salud. El Proyecto LHSS respalda al gobierno colombiano en la identificación de oportunidades para mejorar la eficiencia del uso de los servicios, el sistema de remisión de pacientes, los sistemas de información y los mecanismos de contratación de seguros. El Proyecto LHSS trabajará estrechamente con partes interesadas del sistema de salud para acordar varias estrategias que reduzcan los costos administrativos y operativos del sistema de salud sin generar impactos adversos a los resultados de salud.
Segundo, Colombia está mejorando la coordinación de la asistencia internacional. Pese a que la crisis de migración venezolana ha atraído menos recursos internacionales que otras crisis de refugiados,[7] la ayuda internacional es una fuente importante de financiamiento para suministrar servicios de salud a los migrantes irregulares y pendulares. El impacto positivo de esta ayuda es mayor cuando los socios de desarrollo se coordinan para evitar la duplicación de servicios, promover la difusión de información y aprovechar sus ventajas competitivas. Una manera de mejorar la coordinación es establecer grupos de trabajo con socios internacionales. En Colombia, el Grupo Interagencial Sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) es el que coordina la asistencia internacional relacionada con migrantes mientras que el Clúster de Salud coordina a los socios internacionales que trabajan en el sector de la salud.
Otro enfoque que el gobierno colombiano está considerando para mejorar la coordinación es consolidar y dirigir los recursos financieros de donantes para financiar los servicios a migrantes sin seguridad en las redes de atención médica primaria actuales. El Proyecto LHSS apoya al gobierno colombiano en la creación y presupuestación de un paquete de servicios esenciales para migrantes irregulares y pendulares, que comienza con servicios de salud maternal y tratamiento del VIH. A pesar de que es menos generoso que el paquete integral que se ofrece a los ciudadanos y migrantes regulares, si el paquete se financia, garantizaría el acceso a los servicios cubiertos, suministraría protección financiera, mejoraría la continuidad de la atención, disminuiría la presión en los departamentos de emergencia y reduciría los costos asociados.
El Proyecto LHSS apoyó al Ministerio de Salud en la preparación de una guía de implementación de los servicios de salud maternal y el Banco Mundial presupuestó el paquete. Actualmente, el Proyecto LHSS colabora en la validación y los costos de los servicios para migrantes con VIH. A corto plazo, los bancos multilaterales de desarrollo y algunas fundaciones privadas han expresado interés en financiar los servicios de maternidad a través de un esquema de financiamiento que se basa en resultados. Si los altos niveles de flujos migratorios de Venezuela a Colombia continúan a largo plazo, puede que el gobierno colombiano necesite considerar estrategias de financiamiento sostenible, como aportar fondos para estos servicios o extender la elegibilidad del TPS a otros migrantes irregulares.
Lecciones para otros países
Es fundamental contar con políticas inclusivas que faciliten la integración de migrantes al sistema de salud a fin de promover la cobertura de salud universal. Colombia también confía en que adoptar un enfoque humanitario, integral e inclusivo será rentable a largo plazo. Aprender del ejemplo de los colombianos beneficiaría a los demás países de la región que enfrentan altos flujos de migración y buscan valerse de la ayuda internacional para ofrecer servicios de salud y protección rentables y eficientes. Regularizar a los migrantes tiene el potencial de aumentar los ingresos del Gobierno y reducir los costos de servicios de salud a largo plazo. Asimismo, garantizarles servicios esenciales tanto a los migrantes pendulares como a los irregulares puede beneficiar a los países de acogida y mejorar los resultados de salud de grupos vulnerables, como las mujeres migrantes.
Lea los Blogs 1 y 2 de esta serie, «¿Ayuda humanitaria o fortalecimiento del sistema? Ambos son necesarios para la salud de los migrantes» y «Cinco pasos para fortalecer el acceso de las mujeres migrantes a los servicios de salud».
Acerca de los autores: Jonathan Cali es gerente de país de Abt Associates y dirige el programa para LHSS Colombia. Ximena McCollum fue gerente de país de Abt Associates y dirigió los programas de LHSS Perú y la Oficina para América Latina y el Caribe.
Colaboradores adicionales:
Camila Franco Restrepo es gerente de supervisión y evaluación de LHSS Colombia.
Jose Luis Ortiz fue gerente sénior de financiamiento de salud de LHSS Colombia.
Michelle Barliza es especialista en financiamiento de salud en LHSS Colombia.
Notas:
[1] https://www.r4v.info/es/colombia
[2] Migración Colombia. Distribución de Venezolanos en Colombia 2021.
[3] https://imgcdn.larepublica.co/cms/2021/02/08185401/ABC-ESTATUTO-1.pdf
[4] Ortiz-Hoyos, Jose Luis, Michelle Barliza. El Proyecto de Sostenibilidad del Sistema de Salud Local (LHSS) bajo el IDIQ de los Sistemas Integrados de Salud de USAID. Octubre 2020. Análisis de necesidades financieras y mecanismos de financiación para la atención en salud de la población migrante: Reporte de Entregables. Rockville, MD: Abt Associates.
[5] https://blogs.worldbank.org/latinamerica/future-opportunities-colombia-and-its-migrants; https://www.larepublica.co/economia/migrantes-venezolanos-generarian-un-crecimiento-del-pib-de-01-puntos-en-esta-decada-3122955; https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/02-22-2021-moodys-regularizacion-de-migrantes-venezolanos-elevara-pib-de-colombia
[6] 1.87 million pendular migrants, https://www.r4v.info/es/colombia
[7] https://www.brookings.edu/blog/up-front/2021/02/26/venezuelan-refugees-and-their-receiving-communities-need-funding-not-sympathy/
